Servel pide disolución del Partido Comunes por faltas graves y reiteradas

Una de las infracciones que se plantean es el incumplimiento grave y reiterado a las instrucciones generales y uniformes dictadas por el Servicio Electoral sobre la forma en llevar los libros y efectuar el balance.

El director del Servicio Electoral, por requerimiento unánime del Consejo Directivo, presentó en el Tribunal Calificador de Elecciones una denuncia por infracciones graves y reiteradas del Partido Político Comunes, solicitando la disolución de la colectividad.

El partido Comunes, el cual es liderado por Marco Velarde, y que en su comienzo tenía el nombre de Poder Ciudadano, surgió en 2018 a partir de la fusión de los partidos Poder Ciudadano y Poder Ciudadano del Norte, siendo así sucesor de los partidos fusionados en sus derechos y obligaciones patrimoniales.

A partir de ese mismo año se iniciaron una serie de incumplimientos en los plazos de entrega de los balances (con fecha contable del año anterior), acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconoce o que, correspondiendo a reembolsos por gastos de campañas electorales, fueron destinados a fines diferentes a lo electoral.

Este partido, recordemos, es parte del Frente Amplio y también de las filas oficialistas del Gobierno. Recordemos que el timonel de esta tienda es Marco Velarde, quien participa de los comités políticos ampliados en el Palacio de La Moneda.

Por ejemplo, en el balance de 2017, cuando se llamaban Poder Ciudadano, fueron sancionados por 25 UTM ($1.225.825); mientras que en 2018 fueron multados por 50 UTM ($2.518.600).

En tanto, en 2019, cuando adoptaron el nombre Comunes, fueron multados por 100 UTM ($5.284.200); y en 2020 por 250 UTM ($14.898.750).

En concreto, los balances de 2017, 2018 y 2019 fueron rechazados por ser presentados en forma extemporánea y sin toda la documentación necesaria. Posteriormente, y tras ser sancionado, el partido realizó las subsanaciones, pero en fechas muy posteriores, culminando con la aprobación de dichos balances. Hasta la presentación de la denuncia, el partido Comunes tiene rechazados los balances 2020, 2021 y 2022.

Actualmente, los montos no rendidos ni reintegrados ascienden a $14.100.000 correspondientes al ejercicio contable 2020, y $128.586.823 por el ejercicio contable 2021. Estas situaciones fueron denunciadas por Servel ante el Ministerio Público el 28 de septiembre de 2023, requiriendo al Consejo de Defensa del Estado ejercer las acciones tendientes a obtener el reintegro de dichas cantidades.

Faltas graves y reiteradas

Las infracciones graves y reiteradas que se acusan son las siguientes:

-Incumplimiento grave y reiterado a las instrucciones generales y uniformes dictadas por el Servicio Electoral sobre la forma en llevar los libros y efectuar el balance.

-Incumplimiento grave y reiterado en las fechas de presentación de los libros y la documentación anexa para su revisión e inspección.

-Incumplimiento grave y reiterado en llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino, la fecha de la operación y el nombre y domicilio de las personas intervinientes.

-Incumplimiento grave y reiterado en el respaldo y acreditación de los gastos mediante documentos que sean válidos y legalmente emitidos.

-Incumplimiento grave y reiterado en el respaldo y acreditación de los ingresos mediante los respectivos comprobantes de aportes y documentación anexa.

Caso Karina Oliva

Uno de los casos más mediáticos que ha vivido Comunes es el de Karina Oliva y otros 11 militantes del partido, quienes fueron formalizados por un eventual delito de fraude de subvenciones durante su campaña al Gobierno de Santiago en 2021.

Los otros acusados son Martín Miranda, administrador de la campaña; Jorge Ramírez, expresidente del partido y expareja de Oliva; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva; Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero y Jean Flores. Sin embargo, este último no fue citado.

Incluso, contra todos ellos, pesa una querella del Consejo de Defensa del Estado presentada recientemente.

La Fiscalía Sur, que lleva la investigación de este caso, los acusa de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en el marco de la campaña de Oliva, por servicios no prestados o con montos abultados.

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